Decisión sobre cabecillas del crimen en Valle de Aburrá abre debate para Cali y el Oriente

Cali, 7 de abril de 2026 — La suspensión por seis meses de órdenes de captura a 23 cabecillas del crimen organizado en el Valle de Aburrá ha generado un intenso debate sobre la pertinencia, legalidad y riesgos de este tipo de medidas en contextos urbanos con alta violencia, que resuena también en ciudades como Cali y especialmente en comunas del Oriente.

La resolución firmada por la Fiscalía General en marzo de 2026 busca facilitar un proceso de negociación y desarticulación criminal mediante la participación de estos líderes en una mesa de paz urbana. Sin embargo, la decisión fue cuestionada de inmediato por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien interpuso una demanda ante el Consejo de Estado alegando falta de competencia legal, riesgo para las víctimas y posible desviación de poder con fines políticos.

Desde la Alcaldía de Medellín y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se defiende la medida como parte de una estrategia para reducir la violencia urbana, destacando una baja en la tasa de homicidios y avances en diálogo con grupos armados ilegales.

Para Cali, esta discusión sirve como llamado a fortalecer la transparencia y participación ciudadana en cualquier política que involucre justicia transicional o negociación con estructuras criminales, con especial énfasis en el Distrito de Aguablanca y las comunas 13, 14, 15 y 21, donde la violencia también es una realidad que requiere estrategias claras y legítimas.

Una alternativa fundamental es establecer mecanismos claros de consulta con las comunidades afectadas, garantizar la reparación integral de las víctimas y asegurar condiciones verificables para quienes participen en procesos de este tipo, además de fortalecer la cooperación interinstitucional y los controles jurídicos para evitar acciones arbitrarias.

¿Cómo puede Cali avanzar en políticas de paz urbana que respeten los derechos de todas las víctimas y aseguren la participación efectiva de los territorios más afectados, especialmente en el Oriente? Este sigue siendo un reto para la ciudad y una oportunidad para construir propuestas de seguridad y justicia más transparentes y democráticas.

• La Ley de Paz Total y su aplicación siguen siendo materia de discusión y definición judicial en Colombia.

• Redacción Semana, Fiscalía General, Gobernación de Antioquia