Interpol cancela circular roja a exdirector del Dapre en medio de proceso judicial y diplomático
Cali, 7 de abril de 2026 — La Secretaría General de Interpol eliminó la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Admin
Redacción
7 de abril de 2026 · 09:31 p. m.

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Cali, 7 de abril de 2026 — La Secretaría General de Interpol eliminó la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua y es señalado como presunto cerebro de un desfalco millonario en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión, comunicada en un oficio oficial, expone la complejidad del proceso judicial y diplomático en que se encuentra el caso.
La cancelación de la alerta internacional se debió a una solicitud inicial de Colombia que incluía información protegida por el derecho internacional, lo que llevó a que Interpol eliminara los datos relacionados con González hasta que se presente una nueva petición correcta. Aunque esta decisión permite la movilidad internacional del exfuncionario, la justicia colombiana mantiene activos los procesos judiciales en su contra, incluyendo medidas de aseguramiento.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra González, argumentando que las evidencias y testimonios, como el del exsenador Iván Name, son suficientes para mantener la investigación sobre presuntos delitos de cohecho, peculado y lavado de activos vinculados con contratos millonarios en la UNGRD.
"La Sala de Casación Civil confirmó la medida de aseguramiento, resaltando el riesgo para la comunidad y la red de contactos de González en cargos de alta jerarquía."
Aunque el caso no afecta directamente al Oriente de Cali, pone en evidencia la importancia de la transparencia y el fortalecimiento institucional en todos los niveles de gobierno, incluyendo las comunas orientales, para evitar la filtración de casos de corrupción que afectan la confianza ciudadana y la gobernabilidad local.
Desde la Procuraduría se adelantan indagaciones sobre la actuación de funcionarios en la gestión de documentos que facilitaron la permanencia del exfuncionario en Nicaragua, mostrando un avance en el control disciplinario que puede fortalecer prácticas institucionales.
Este caso obliga a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos efectivos de contra corrupción y garantías judiciales, que no solo protejan el sistema nacional sino que también aseguren un impacto positivo en las regiones, incluyendo sectores vulnerables del Oriente, para fomentar una gobernanza transparente y responsable.
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