Cali protege a residentes de conjuntos con nuevas reglas para cuotas y zonas comunes

Cali, 8 de abril de 2026 — En barrios de Cali, incluidos los conjuntos residenciales del Oriente en comunas como la 13 y 15, entran en vigor medidas que eximen el IVA en el uso de zonas comunes y regulan estrictamente el aumento de cuotas de administración, protegiendo el bolsillo de los residentes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció que el cobro del IVA del 19% sobre el alquiler de salones, sillas, espacios comunes y parqueaderos en conjuntos residenciales no siempre deberá recaer en el usuario, sino que en algunos casos este será asumido por las cuotas de administración. Además, enfatizó que corresponde a cada propiedad horizontal decidir si estos espacios se arriendan directamente o están incluidos en el pago común, lo que implica mayor control y previsibilidad para los habitantes.

Por su parte, los Ministerios de Trabajo y Vivienda aclararon que las cuotas de administración no pueden subir automáticamente con el salario mínimo ni el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que cualquier ajuste debe ser aprobado por la Asamblea General de Copropietarios y sustentado en un análisis presupuestal riguroso, garantizando así procesos transparentes y democráticos en la gestión económica de los conjuntos.

"Cualquier ajuste en el valor de la cuota de administración deberá estar sustentado en el presupuesto aprobado por la Asamblea General o en el reglamento vigente," precisaron en la circular conjunta 0028 de 2026.

En comunas orientales como la 13, 14 y 15, donde la vida en conjunto residencial es frecuente, estas disposiciones son un avance para evitar sobrecargos imprevistos que afectan la economía de familias trabajadoras, muchas de ellas vinculadas a sectores populares y que requieren mayor previsión en gastos de vivienda.

Las copropiedades están llamadas a fortalecer herramientas de participación ciudadana y deliberación en asambleas, promoviendo un manejo transparente, justo y sostenible de los recursos comunes, así como la generación de informes claros para que los propietarios entiendan el destino de los pagos que realizan.

De esta manera, la normatividad impulsa que los residentes de Cali, y en particular del Oriente, tengan mayor autonomía y control sobre las decisiones que impactan su convivencia y economía, haciendo de sus barrios lugares más democráticos y sostenibles.